Como desgraciadamente viene siendo habitual siguen siendo los consumidores, como ciudadanos y contribuyentes, quienes continúan pagando los desmanes de las entidades financieras, principales causantes de la actual crisis económica. Así se desprende de la decisión aprobada por el Consejo de Ministros de dotar de otros 15.000 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se financia a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Por supuesto, en la reforma del sector planteada por de Guindos, no hay ni rastro de la necesaria paralización de los embargos a cientos de miles de familias en riesgo de perder su vivienda, de las cláusulas abusivas –como la del suelo- que continúa imponiendo la Banca en los contratos hipotecarios, ni de los productos tóxicos –como las participaciones preferentes- comercializados masivamente. Una vez más los políticos le dan la mano a la Banca mientras se la niegan a los consumidores.