La Comisión Europea planteó el 13 de julio a los Estados miembros la consolidación de las garantías que fueron aprobadas con carácter provisional en 2008 para los ciudadanos que tengan abierta alguna cuenta bancaria, ante la eventualidad de una quiebra de la entidad financiera en cuestión. De esta manera la suma plenamente cubierta por el compromiso de reembolso en caso de quiebra se sitúa ahora en 100.000 euros en lugar de en los 50.000 en que estaba anteriormente. Se trata de una cifra que, para la Comisión, debería tener carácter permanente y es un intento de que los clientes de la entidad quebrada puedan disponer de su dinero en siete días como máximo frente a las semanas y meses que esos cobros podrían demorarse en la actualidad. Esta propuesta, que todavía deberá recibir el visto bueno de los Estados, concierne a todas las entidades bancarias y excluye de su ámbito de aplicación de los depósitos de establecimientos financieros y de entidades públicas, a los productos de inversión estructurados y a los certificados de deuda. Además también se ha propuesto reforzar la cobertura ofrecida a los inversores ante los casos de fraude, negligencia o errores de las agencias de inversión. Esta propuesta incluye aumentar hasta 50.000 euros por inversor las indemnizaciones garantizadas, desde los 20.000 actuales. Se trata de propuestas, sin duda, realizadas con buena voluntad pero que de nada servirán si no se obliga a las entidades financieras a acatarlas realmente.