El Pleno del Senado rechazó el 22 de julio, con 120 votos a favor y 132 en contra, modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Una proposición de Ley impulsada por el Partido Popular y apoyada por ADICAE, en la que se pedía regular el carácter abusivo de las cláusulas suelo de las hipotecas. Los 120 votos a favor fueron por parte del Partido Popular y de un senador del Grupo Parlamentario Mixto; y los 132 en contra de PSOE, Grupo Entesa Catalana, Grupo CiU y Grupo Senadores Nacionalistas. La proposición de Ley fue rechazada después de que el 23 de septiembre de 2009 el Pleno de la Cámara Alta aprobara por unanimidad una moción para reclamar al Gobierno medidas para evitar los abusos de las entidades bancarias en las revisiones de los créditos hipotecarios. Con su rechazo el Senado se ha decantado por acoger las conclusiones emitidas por el Banco de España en un informe que advirtió de que la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas tendría un impacto negativo en las cuentas de las entidades financieras. El Banco de España elaboró este informe en noviembre de 2009 a petición del propio Senado. El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, lamenta que el Senado "se haya decantado por defender los intereses del sector bancaria, en lograr de defender a los consumidores". Pardos recuerda que el impacto de estas cláusulas en los consumidores es "abrumador", ya que de los 4,4 millones de usuarios que se han vinculado a una hipoteca en los últimos cuatro años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1'5 millones y 3'1 millones están sufriendo las consecuencias de los 'suelos', que suponen pérdidas anuales que puede llegar a los 6.000 euros. Además, ADICAE recuerda que numerosos los españoles se enfrentan a embargos de sus viviendas por problemas de impago y que los juzgados españoles están repletos de demandas presentadas por los clientes de hipotecas contra las entidades bancarias por los presuntos abusos cometidos con estas cláusulas. Los legisladores tienen que evitar que los jueces se vean desbordados por este tipo de demandas que, además, carecen de una regulación concreta lo que están dando lugar a resoluciones contradictorias. Aunque ya se ha iniciado la vía judicial para solucionar este problema, desde ADICAE se recuerda a los afectados que sin movilizaciones no habrá solución alguna. A partir de septiembre será necesario constituir los comités para diseñar un plan de actuaciones.